El pasado 10 de marzo de 2011, el eurodiputado del PP y el Secretario General del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López Istúriz, se ha reunido con el Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE) para analizar posibles vías de acción ante las Instituciones Europeas que impulsen un compromiso de la UE a favor de la seguridad de los ciudadanos europeos en las obras e instalaciones de ingeniería.
El encuentro ha tenido lugar en la sede del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), a las 19 horas, y a éhan asistido los presidentes de las once instituciones que conforman el INITE (entidad que representa a más de 300.000 profesionales y estudiantes).
Con motivo de la aplicación de la Directiva de Servicios, cuyo objetivo es “suprimir obstáculos innecesarios y onerosos a la prestación de servicios en toda la UE”, el INITE ha valorado la necesidad de cumplir con dicha finalidad sin perjuicio de causar un detrimento en los servicios que se prestan los profesionales de la ingeniería a los consumidores y usuarios europeos de los mismos. De este modo, en las actuaciones que se lleven a cabo por ingenieros, debe primar la calidad en la protección a los consumidores y ciudadanos en el sector de los servicios, en particular en lo que respecta a los aspectos de control y supervisión.
En la reunión se ha dado a conocer al Eurodiputado los riesgos que existen para los ciudadanos, consumidores y usuarios de las obras e instalaciones de ingeniería, y la necesidad imprescindible de establecer mecanismos de control y supervisión de los trabajos profesionales y técnicos relacionados con la edificación, las infraestructuras, las instalaciones, la industria, el medio físico, los sistemas y elementos del transporte, sin menoscabo de los principios de libre prestación de servicios y libre circulación de prestadores de servicios profesionales.
Se trata, en definitiva, de dotar a los estados miembros de la Unión Europea, de un instrumento eficaz que garantice la seguridad y la integridad física de los ciudadanos-usuarios, a través de un protocolo que garantice una debida supervisión para eliminar, o al menos minimizar, los riesgos propios de los trabajos profesionales, un certificado o aval reconocido y regulado mediante el cual se pueda comprobar la adecuación de cualquier tipo de proyecto o trabajo profesional a la normativa que lo regula –Europea, Estatal, Regional o Local-, y si el profesional firmante de dicho proyecto cumple los requerimientos establecidos que lo habilitan para ello.
De esta manera, quedaría asegurado el cumplimento de los requisitos del autor para suscribir el trabajo profesional y asumir ante su correspondiente Estado y la sociedad, en general, la responsabilidad facultativa dimanante, todo ello en garantía de los intereses de los clientes, ciudadanos, usuarios y del interés público en general.
